CONCENTRACIÓN PARA RECUPERAR EL PATRIMONIO PÚBLICO

Para denunciar el incumplimiento del Gobierno de su compromiso de recuperar los bienes inmatriculados por la iglesia católica. 

Jueves 10 de noviembre 

19 h. 

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Recuperando nuestro patrimonio público

El candidato a la Presidencia del Gobierno, en su discurso de investidura, se comprometió a realizar
las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados
por la jerarquía católica. Era el texto recogido en el punto 5.11 del Acuerdo de Gobierno de
coalición PSOE–Unidas Podemos. Representaba un claro reconocimiento del intenso trabajo
impulsado por colectivos ciudadanos en defensa de la laicidad y del patrimonio público. Parecía que
algo podía cambiar.
Pero, a la vez, se retenía la información sobre los bienes inmatriculados y los contactos opacos entre
el Gobierno y la jerarquía eclesiástica avanzaban en sentido contrario.
La difusión del inventario de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 es un
éxito sin paliativos de las organizaciones que, como Apudepa y Mhuel, se agrupan en Recuperando.
Pero publicaron un listado parcial, que no incluye los bienes inmatriculados desde 1946 a 1998 y
que no ofrece las notas simples, imprescindibles para identificar y conocer lo registrado.
Lejos de cumplir su promesa electoral, el Gobierno ha negociado en la más absoluta opacidad con
los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad
constitucional y representa una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas,
cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a
no haber aportado pruebas documentales de propiedad.
El Gobierno de coalición ha dado carpetazo a este monumental escándalo patrimonial en quebranto
manifiesto de su compromiso electoral y programático con la ciudadanía; El Ejecutivo no parece
dispuesto a anular las inmatriculaciones y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para
que litiguen en largos y costosos procesos judiciales. Esta renuncia gubernamental solo se puede
explicar desde la cobardía histórica para frenar los seculares privilegios de la jerarquía católica.
A nuestro juicio, las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho por contravenir la Constitución
española. El Gobierno debe declarar la nulidad de todas aquellas inmatriculaciones realizadas al
amparo del artículo 206 con una simple autocertificación eclesiástica. A partir de ahí, los obispos
podrían inscribir, ya sin ventajas registrales, los bienes cuya pertenencia acrediten fehacientemente.
Además, los bienes de especial relevancia cultural, como la Mezquita de Córdoba, el tesoro mudéjar
de Aragón o el arte prerrománico de Asturias, deben ser adscritos al dominio público por pertenecer
a toda la ciudadanía.
Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de su compromiso histórico, Apudepa y
Mhuel, junto con todas las organizaciones coordinadas en Recuperando sí lo estarán. Por ello,
seguiremos manteniendo convocatorias de movilización para denunciar esta situación, para
emplazar a las fuerzas políticas y al gobierno a que cumplan con sus compromisos adquiridos.

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